El transfugismo ha tenido un protagonismo excesivo en la política benalmadense durante muchos años. En nuestro municipio, lejos de ser un último recurso para disolver un gobierno que perjudique a la ciudadanía y el bien general, se ha convertido en un arma política utilizada por políticos sedientos de poder para prolongar un status-quo que los benalmadenses habían rechazado en las urnas. Ya ocurrió en la pasada legislatura, en la que Enrique Bolín zanjó su pacto de gobierno con el PP prescindiendo de Jesús Fortes y otros dos ediles de su partido para quedarse con Antonio García Santana y así garantizarse una cómoda mayoría para segur gobernando Benalmádena a golpe de pelotazos urbanísticos. Y ha vuelto a suceder en el presente mandato, en el que la voluntad de cambio del pueblo fue totalmente ignorada para que los de siempre saciasen sus ansias de poder. Las aspiraciones egoístas de una concejala mediocre provocaron el regreso a la Alcaldía del mismo equipo que los votantes de Benalmádena habían castigado mediante una estrepitosa derrota en las urnas. Un asalto a la voluntad popular que, lejos de beneficiar al Ayuntamiento, provocó una parálisis en la gestión municipal que aún dura.
Afortunadamente, aquellos partidos acostumbrados a recurrir a la moción de censura para obtener el poder que le fue negado en las urnas van a empezar a tenerlo bastante más difícil para colmar sus egoístas aspiraciones. El pasado sábado se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2011 del 28 de enero, por la que se modifica la ley de 1985 que hasta el momento regulaba la figura de la moción de censura a un alcalde. Un cambio muy necesario que saneará el funcionamiento democrático de los ayuntamientos, ofreciendo a la ciudadanía nuevas garantías de que la voluntad de su voto se respetará hasta las siguientes elecciones.
En virtud de esta nueva ley, el voto de un sólo concejal jamás podría provocar un cambio de gobierno: debe contar con el apoyo del resto de concejales del partido con el que participó en las últimas elecciones. Una forma de dotar de sentido y coherencia política a las siempre polémicas (y en el caso de Benalmádena, totalmente interesadas) mociones de censura.
